Madrid abre el debate sobre el derecho al olvido

La gira de Google y su Comité de expertos se ha iniciado hoy en la ciudad de Madrid. Un tour que les llevará a otras seis importantes capitales europeas (Roma, París, Varsovia, Berlín, Londres y Bruselas). No es casualidad que Madrid haya sido la sede elegida para abrir esta serie de congresos considerando que el español Mario Costeja fue el primer ciudadano que consiguió que Google ocultara de sus búsquedas ciertas informaciones donde se le citaba dando origen al conocido Derecho al olvido en Internet con la sentencia del Tibunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mes de Mayo.

En esta cita madrileña han acudido como ponentes personas como Eric Schmidt (presidente ejecutivo de Google), Jimmy Wales (fundador de la Wikipedia), Frank La Rue (miembro de Naciones Unidas), Sylvie Kauffmann (directora de redacción del diario Le Monde), Peggy Valcke (profesora de la Universidad Católica de Lovaina), Luciano Floridi (profesor de Filosofía y Ética de la Información en la Universidad de Oxford) o José Luis Piñar (exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos).

Una ponencia donde se han tratado muchos asuntos polémicos y donde también se han dado cifras interesantes.

El derecho al olvido en números

Según las informaciones aportadas por Google, tras el “caso Costeja” han recibido más de 120.000 peticiones (hasta el 1 de Septiembre). Más de 100.000 peticiones que afectan a unas 457.000 URLs.

Hasta el pasado 18 de Julio, Francia era el país con más solicitudes de eliminación de enlaces con unas 17.500 peticiones, seguida por Alemania con otras 16.500 peticiones, Gran Bretaña con 12.000 y España, en cuarto lugar, con alrededor de 8.000 peticiones y unas 27.000 URLs afectadas.

En términos globales, en el conjunto de Europa -hasta mediados de Julio- Google había recibido hasta 91.000 peticiones de las que se han cursado el 27.5% con una tasa de rechazo de casi 1 de cada 3 (30%).

Google y el resto de buscadores, son los responsables de evaluar cada una de las peticiones y determinar si se ajusta a los requerimientos de la sentencia del Tribunal Europeo. En este encuentro de Madrid, el Comité asesor del gigante de Internet ha explicitado los tres criterios establecidos para rechazar una petición de borrado:

* Que se trate de un personaje público
* Que se trate de un asunto de corrupción política o financiera
* Que se trate de una información vigente y actual

Pocas conclusiones y muchas dudas por despejar

Pocos han sido los puntos que han quedado claros en esta reunión. Uno de ellos es la independencia del consejo de expertos respecto al buscador con sede en Mountain View. Los diferentes miembros de este comité han recalcado que ofrecen sus opiniones de manera independiente y sin pensar en lo que más interesa a Google.

Otro aspecto en el que también se ha hecho hincapié es que el Derecho al olvido no trata de borrar o eliminar una información sino solo de limitar al acceso a través de los motores de búsqueda, siendo éste uno de los caminos más rápidos para llegar a la misma.

El Derecho al olvido levanta fuertes polémicas pero dos de las cuestiones más debatidas tienen que ver tanto con el ámbito de su aplicación como la comunicación de un enlace suprimido de los resultados de una búsqueda.

Google ha señalado que en el formulario para ejercer el derecho al olvido se solicita como dato el país para conocer que legislación debe aplicar ya que consideran que la sentencia del TJUE sobre el “caso Costeja” solo afecta a los servicios ofrecidos en territorio europeo y no se aplica fuera de este territorio.

En cuanto a la comunicación de la supresión de enlaces, Google sigue la misma política que cuando elimina otros resultados por incumplimientos del ordenamiento jurídico, como el caso de vulnerar la propiedad intelectual.

Varias son las cuestiones que siguen abiertas tras este encuentro. Una de ellas hace referencia al sentido de aplicar esta normativa en la Unión Europea si los resultados eliminados sí aparecen en el resto del mundo.

Otra de la cuestión por la que cabe preguntarse es por el derecho a la memoria histórica. Algunos expertos en la materia advierten del peligro que supone aplicar el derecho al olvido lo que podría llevar a modificar la historia y crear un “pasado digital a medida“, según palabras de la jurista Milagros del Corral.

Una de las soluciones propuestas para este asunto apunta a que Google podría llevar a cabo una actuación similar al tratamiento de documentos clasificados: eliminar los resultados en sus búsquedas durante un periodo de tiempo y reestablecerlos una vez transcurrido el mismo.

Así, nos encontramos ante un nuevo interrogante que los buscadores deberán resolver: ¿qué debe prevalecer el derecho al olvido o el derecho a la memoria?

Muchas son las pregutan que quedan en el aire tras este primer encuentro en Madrid. Cuestiones sobre las que se volverá a incidir en unos días en la ciudad de Roma.

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