En las últimas fechas hemos tenido conocimiento de los primeros casos y debates en países como Argentina o Japón referentes al derecho al olvido. Una normativa que también comienza a sonar en México.
Ciudad de México está siendo la sede del XII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, que reúne a representantes de 13 países de Iberoamérica, y donde entre otras cuestiones se debate sobre esta normativa aprobada por el Tribunal Superior de Justicia Europeo el pasado mes de Mayo. Precisamente, Joel Salas, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) de México, inició este encuentro haciendo referencia al «caso Costeja», el caso que dió pie a la mencionada sentencia siendo origen del derecho al olvido.
La presidenta de IFAI, Ximena Puente de la Mora, también ha mostrado la predisposición del organismo regulador de la protección de datos personales en México para adoptar este tipo de normativa otorgando a los ciudadanos una nueva herramienta para preservar su privacidad y reputación en Internet. Pero no solo las autoridades mexicanas están poniendo su mirada en el derecho al olvido, el resto de países iberoamericanos también estudian esta normativa -entre otras- como una opción para fortalecer la protección de los datos personales de los individuos. Los derechos de los menores en la Red es un problema que preocupa mucho y ocupa buena parte del debate actual sobre la protección de datos personales.
Entre los exponentes en este XII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos se ha dado el consenso de que la información manejada por los buscadores debe considerarse como un tratamiento de datos personales por lo que debe analizarse los requisitos de acceso y los derechos de los ciudadanos sobre la información vinculada a una búsqueda. Unos intereses que deben prevalecer sobre los intereses económicos de los distintos motores de búsqueda.
José Luis Rodríguez, director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Secretario Permanente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), recalcó la importancia de «encontrar un equilibrio entre entre el interés del público y el derecho a la vida privada y protección de datos«. Algo que obliga a un análisis «caso por caso«. Rodríguez defendió la implantación del derecho al olvido ante aquellos críticos que consideran que se trata de un mecanismo de censura y que limita la libertad de expresión. Sus declaraciones al respecto fueron la siguientes:
En realidad buscan proteger intereses espurios, la primacía de los derechos económicos sobre el derecho de las personas, además de que no se elimina la información, por lo que no se impide ni el acceso a la historia ni a la información, simplemente se evita acceder a dicha información a partir de los enlaces del motor de búsqueda.
Este Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos vuelve a poner sobre la mesa el ámbito de aplicación del derecho al olvido, una normativa que parece destinada a abrirse a todas las regiones y no solo limitar su aplicación a Europa.